Histórica condena contra directivos de Chiquita Brands por la financiación del paramilitarismo en Antioquia
A 11 años y 3 meses de prisión fueron condenados siete exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands por el delito de concierto para delinquir agravado, siendo esta la primera sentencia judicial en Colombia relacionada con la empresa estadounidense. La decisión judicial además obliga a los extrabajadores de Banadex a pagar 13.879 millones de pesos.
De acuerdo con la decisión de la juez sexta penal del Circuito Especializado de Antioquia, Diana Lucía Monsalve, los ejecutivos, como miembros de la junta directiva, autorizaron pagos sistemáticos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), facilitando su expansión territorial y la consolidación de su poder armado en Urabá.
La juez valoró múltiples pruebas que demostraron que los pagos, que ya la multinacional en un proceso en Estados Unidos había reconocido ascendían a 1.7 millones de dólares, fueron realizados con pleno conocimiento del impacto en la población civil, encubiertos mediante registros contables internos y simulaciones contractuales, indicando que eran pagos para seguridad. Esta conducta fue tipificada como un acuerdo criminal estructurado y sostenido en el tiempo.
La Fundación Forjando Futuros, en su calidad de representante judicial de víctimas del conflicto armado, recientemente presentó ante autoridades nacionales cinco documentos judiciales provenientes del proceso contra la multinacional en Estados Unidos, con el objetivo de aportar pruebas relevantes que impulsen investigaciones sobre la responsabilidad empresarial en la financiación de grupos paramilitares en las regiones de Urabá y Magdalena.
Entre los documentos entregados está el acuerdo de culpabilidad de 2007, mediante el cual Chiquita Brands tuvo que pagar 25 millones de dólares de multa en Estados Unidos por los más de 100 pagos ilegales que le hicieron a las AUC, así como la sentencia de 2024 en la que se condenó a la empresa a indemnizar con 38 millones de dólares a ocho familias de víctimas.
Los documentos fueron radicados ante el Juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República y la Fiscalía 128 Delegada. En esta última avanza el proceso contra 14 empresarios que son señalados también de financiar el paramilitarismo en Urabá a través de la Convivir Papagayo.
Así mismo, dentro de la campaña “Que la justicia no se pudra”, impulsada por la Fundación Forjando Futuros, El Instituto Popular de Capacitación IPC, la Fundación PARES y la Asamblea de Cooperación por la Paz, se ha reiterado la importancia de no permitir que este caso prescriba; pues ante la posible apelación de la defensa de los condenados se podría dilatar más el proceso y se corre el riesgo de que queden impunes los responsables.
Fuente/ Forjando Futuros
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