Con el oro en las manos, pero sin salud ni pensión: la dura realidad de los mineros artesanales en Colombia

Bajo el sol inclemente o dentro de socavones oscuros y húmedos, miles de mineros artesanales en Colombia trabajan a diario para llevar sustento a sus hogares. Algunos lo hacen con herramientas rudimentarias, otros arriesgando su vida con químicos tóxicos como el mercurio. Lo hacen sin contratos, sin pensión, sin salud y muchas veces, sin saber si regresarán a casa. Aunque su labor produce cerca del 70 % del oro colombiano, su existencia legal es casi invisible. Y su realidad, aún más dura.

Una reciente investigación del Politécnico Grancolombiano, liderada por la docente Lina María Valencia, destapa las duras condiciones de estos trabajadores que, lejos de los reflectores de la gran minería, sostienen con sus manos una actividad ancestral y vital para muchas regiones rurales del país. Se estima que entre 200.000 y 400.000 personas viven hoy de la minería artesanal en Colombia, la mayoría en contextos de informalidad, sin acceso a seguridad social, sin formación en seguridad laboral y con una exposición constante a enfermedades graves por el uso de mercurio.

El Ministerio de Minas reconoce que más del 63 % de estos mineros trabaja sin contrato, y menos del 5 % está afiliado a riesgos laborales. Sin protección, los accidentes son frecuentes y las posibilidades de un futuro diferente, mínimas. A esto se suma la imposibilidad de acceder a créditos, subsidios o programas del Estado por la falta de formalización, creando un ciclo de exclusión que se hereda de generación en generación. Es una vida de trabajo sin garantías, en la que el oro brilla poco para quienes lo extraen.

Aunque la Corte Constitucional pidió recientemente al Estado supervisar con mayor rigor las condiciones laborales del sector minero, las políticas públicas aún están lejos de responder a las necesidades reales del minero artesanal. Desde la academia se proponen soluciones claras: normativas específicas que reconozcan su rol, programas de capacitación, tecnologías sostenibles y una ruta realista de formalización que no castigue, sino que acompañe. Porque más que cifras, esta es una historia de familias, de territorios y de una deuda social que el país no puede seguir ignorando.

“Las políticas actuales están diseñadas para la gran minería, dejando de lado a quienes han trabajado la tierra por generaciones. Es necesario un enfoque más inclusivo que proteja sus derechos laborales y reconozca el valor social y cultural de esta actividad”, explica el equipo de investigación liderado por la docente Lina María Valencia.

El estudio del Politécnico Gran Colombiano, busca llamar la atención de una realidad que cobija a familias enteras.

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