Visita a cárcel de Apartadó evidenció avances en temas de dignidad y alimentación para los reclusos

Con el objetivo de verificar de manera directa el cumplimiento de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, en las últimas horas la Defensoría del Pueblo Regional Urabá, un juez de ejecución de penas del circuito judicial y el procurador provincial del Urabá antioqueño, realizaron una visita a la cárcel de mediana seguridad de Santa Inés, ubicada en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño.

Durante la jornada se revisaron de forma rigurosa los seis ejes de vida digna en reclusión, es decir; acceso a la justicia, alimentación, salud, servicios públicos, infraestructura y programas de resocialización. Esta acción se llevó a cabo en el marco de la Directiva 004 del 5 de mayo de 2025, que busca fortalecer la vigilancia al respeto de los derechos humanos en centros penitenciarios del país.

La Procuraduría Provincial del Urabá antioqueño, en su informe a la Veeduría Penitenciaria Nacional, destacó avances importantes en la calidad del servicio de alimentación, luego de múltiples quejas recibidas semanas atrás. La intervención de la veeduría nacional logró que el operador del rancho penitenciario corrigiera deficiencias y mejorara el suministro de alimentos. Así lo confirmaron los representantes de los patios, quienes señalaron una mejora significativa, tanto en cantidad como en calidad de la alimentación.

Adicionalmente, se logró constatar una atención en salud más eficiente, con mayor tranquilidad por parte de los internos en este aspecto. Los privados de la libertad expresaron sentirse tratados con respeto y dignidad, dentro de las limitaciones propias del régimen penitenciario.

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Uno de los puntos más destacados del informe fue la reunión con los comités de Derechos Humanos al interior del penal, un ejercicio clave de escucha activa en el que se recogieron preocupaciones y solicitudes para ser tramitadas directamente por los ministerios públicos del Urabá.

La jornada fue reconocida por la Veeduría Penitenciaria Nacional como un ejemplo positivo que debe replicarse en otros establecimientos carcelarios de Antioquia. “Esto demuestra que es posible garantizar condiciones dignas y humanas con voluntad institucional, acompañamiento constante y un presupuesto eficiente”, expresó Jorge Carmona, defensor Derechos Humanos de la población privada de la libertad.

Finalmente se hizo un llamado de atención sobre otras cárceles del departamento, como la de Puerto Triunfo, donde persisten denuncias por hambre, deficiente atención médica y abandono institucional. La comparación refleja una preocupante desigualdad en la garantía de derechos entre establecimientos penitenciarios del mismo territorio.

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