Víctimas de despojo en Turbo llevaron su caso ante la CIDH
Han sido más de 20 años de espera y la justicia no llega
Más de dos décadas después de haber sido despojadas de sus tierras en el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo, 19 familias campesinas agrupadas en la Asociación Agropecuaria Campesina La Teca (ASOTEC) decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de años de espera sin una respuesta judicial en Colombia. Los hechos se remontan a 2001, cuando grupos paramilitares y empresarios se apropiaron de unas 250 hectáreas, dejando a las familias sin su sustento.
A pesar de que el caso ha pasado por diferentes instancias —justicia ordinaria, Justicia y Paz desde 2006 y jueces de Restitución de Tierras desde 2017—, las víctimas no han obtenido una decisión que les permita volver a sus predios o recibir una compensación. Según la Fundación Forjando Futuros, que representa a los afectados, cuatro de los reclamantes han muerto esperando justicia: Darío Bolívar, Edelmira Chiquillo, Aquivaldo Palacios y Alberto Padilla.
“Ya muchos compañeros han fallecido esperando este proceso. Algunos estamos enfermos y envejeciendo, no podemos seguir esperando más”, expresó Rafael Enrique Galarcio Páez, una de las víctimas.
La falta de resultados judiciales llevó a la Fundación Forjando Futuros a pedir a la CIDH que intervenga y acompañe el reclamo, con la esperanza de que se reconozcan los derechos de las familias campesinas.
El caso, que hace parte de la zona de influencia del megaproyecto Puerto Antioquia, evidencia la deuda histórica del Estado con las víctimas de despojo en Urabá, quienes aún luchan por recuperar la tierra que durante generaciones fue su hogar y su sustento.
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