Procuraduría emite directiva para fortalecer la atención a víctimas del conflicto armado
La Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 012 de 2025, con la cual fija lineamientos de obligatorio cumplimiento para garantizar el acceso efectivo de las víctimas del conflicto armado al proceso de declaración, requisito indispensable para su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) y para acceder a las medidas establecidas en la Ley 1448 de 2011 y sus normas modificatorias.
La entidad recordó a personerías municipales y distritales, a la Defensoría del Pueblo, a las procuradurías territoriales y al Ministerio de Relaciones Exteriores —a través de embajadas y consulados— que la toma de declaraciones a víctimas es una función permanente y obligatoria del Ministerio Público, tanto dentro como fuera del país. De igual manera, enfatizó que ninguna institución puede negar la recepción de estas declaraciones alegando extemporaneidad, siendo la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) la única facultada para valorar las circunstancias de cada caso.
La directiva también insta a dar prioridad a las declaraciones de personas en situación de desplazamiento dentro de los tres meses posteriores al hecho victimizante, para garantizar el acceso a la Atención Humanitaria Inmediata. Además, refuerza la necesidad de un enfoque diferencial en el proceso, que contemple pertinencia étnica, de género y discapacidad, así como la disponibilidad de intérpretes y personal especializado cuando sea necesario. En caso de fallas tecnológicas, la instrucción es diligenciar el Formato Único de Declaración (FUD) en físico para evitar retrasos.
Finalmente, la Procuraduría reiteró su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, señalando que los funcionarios encargados deben mantener la confidencialidad, ofrecer trato digno a la población víctima, capacitarse de manera permanente y reportar las gestiones adelantadas para superar barreras en la atención. Con esta directiva, el Ministerio Público busca fortalecer su papel en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado, tanto en Colombia como en el exterior.
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