Vivimos sobre una falla geológica no solo de la tierra, sino de la institucionalidad. Una reciente investigación académica liderada por el investigador Fernando Alexis Osorio y desarrollada desde el ITM reveló una cifra que debería hacer temblar los cimientos de la administración pública: cerca del 50 % de las viviendas en Antioquia y Medellín presenta una fragilidad estructural alarmante frente a eventos sísmicos. Que la mitad de los hogares donde duermen nuestras familias carezca de las condiciones técnicas mínimas para soportar un terremoto de gran magnitud no es un dato estadístico más; es una condena en suspenso, una bomba de tiempo construida ladrillo a ladrillo ante la mirada indiferente del Estado.
Lo desgarrador de este panorama no es únicamente la vulnerabilidad física de las estructuras, sino la incapacidad de nuestros gobernantes para escuchar la ciencia y anticiparse a la catástrofe. En su análisis, el investigador del ITM planteaba una alternativa tan sensata como revolucionaria: trascender la simple prohibición o el persecutorio control político de la vivienda informal mediante subsidios de servicios profesionales e ingenieros estructurales gratuitos para las familias de menores recursos. Financiar la prevención técnica no solo dignifica la vida y protege el patrimonio de los más vulnerables, sino que le ahorraría al distrito y a la región billones de pesos en la gestión de una emergencia que, de ocurrir, superará con creces cualquier presupuesto de mitigación.
Sin embargo, la respuesta institucional suele ser el silencio o la pasividad. Ningún gobierno en Colombia —y mucho menos las administraciones locales de turno— cuenta con verdaderos planes integrales para mitigar las crisis. Carecemos de un plan financiero sólido para emergencias, no existe un protocolo articulado de ayuda profesional y no hay una ruta clara ni para el antes, ni para el durante, ni para el después del desastre. Los planos de reconstrucción son fantasmas normativos que solo se mencionan cuando los escombros ya están sobre la mesa. Sufrimos de una amnesia sistemática que invalida cualquier lección del pasado.
Colombia ha atravesado tragedias de todas las magnitudes a lo largo y ancho de su territorio nacional, pero el aprendizaje institucional es nulo. Nos hemos acostumbrado a habitar la cultura de la improvisación, consolándonos con la falsa premisa de que “a nosotros no nos va a pasar”, hasta que la tierra se mueve o el cerro se desliza y volvemos a quedar sepultados bajo las mismas omisiones de siempre. Es una indolencia criminal convertir la prevención en un lujo y la gestión del riesgo en una reacción tardía a la que nos resignamos con indolente normalidad.
Y cuando sobreviene el desastre, la improvisación se traslada de las oficinas públicas a la solidaridad ciudadana. Ante la ausencia de un liderazgo estatal transparente y articulado, la recolección de donaciones se convierte en un territorio confuso. Con la democratización descontrolada de las redes sociales, hoy cualquiera abre un canal de ayuda, dejando al ciudadano bienintencionado en una encrucijada ética y logística donde es imposible saber si el recurso realmente llegará a las manos de quienes lo perdieron todo.
Se ha vuelto paisaje esa frase conformista de que “hay que ayudar sin importar si la donación se aprovecha o se malgasta”. Pero no; la ayuda solidaria exige rigor, dignidad y trazabilidad. A quienes aportamos con esfuerzo nos tiene que importar —y mucho— que el alivio no se diluya en la burocracia, en la intermediación maliciosa o en el oportunismo. La caridad sin control no resuelve la emergencia; la perpetúa y adormece la exigencia de transparencia que debería garantizar el gobierno.
Es hora de abandonar la resignación y la cultura del parche. No podemos seguir aceptando que la gestión del riesgo en Antioquia y en el país sea un asunto de buena suerte o de campañas de caridad improvisadas tras el colapso. Exigir que la investigación académica se transforme en política pública, que el Estado ponga la ingeniería al servicio de los barrios más vulnerables y que exista una planificación seria del territorio es el único camino para dejar de contar víctimas en un país que insiste en tropezar, una y otra vez, con la misma piedra.
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