(OPINIÓN) Antioquia contra el centralismo: minería, autonomía y futuro
Por: Luis Gabriel Gómez Grisales / Diputado de Antioquia
En medio de la conmoción política que vive el país, hay debates que deben darse con serenidad, datos y ciencia. Algunos de ellos son el de la minería y la autonomía territorial. Porque detrás de la retórica ambiental y las políticas centralistas, se esconde una amenaza real para el desarrollo productivo de Antioquia y para la independencia económica de los territorios.
La minería, guste o no, está en nuestra vida cotidiana. En el agua que usamos, en los libros que leemos, en los computadores con los que trabajamos e incluso en los juegos de nuestros hijos. No es una actividad abstracta ni un capricho empresarial: es una pieza esencial de la cadena productiva que sostiene nuestra civilización. Por eso, la verdadera pregunta no es si debemos tener minería, sino si queremos hacerla bien o dejar que otros países se queden con los beneficios —y los impactos— que nosotros renunciamos a gestionar.
El mundo va en la dirección contraria a la nuestra. Europa declaró estratégico el proyecto CirCular de Atlantic Copper para asegurar el suministro de metales críticos; Noruega continúa extrayendo petróleo con criterios ambientales; mientras el Reino Unido no renuncia a hacerlo en el mismo mar. Ellos no temen a la minería, la planifican. Nosotros, en cambio, corremos el riesgo de convertir la prudencia en parálisis.
Mientras el Gobierno Nacional promete una “paz total”, Antioquia vive una inseguridad total. Los grupos ilegales que destruyen los bosques, contaminan los ríos y extorsionan a los campesinos. Se fortalecen, amparados por un discurso de reconciliación que parece olvidar a las víctimas y castigar a los que trabajan dentro de la ley. Es una ironía dolorosa: los ilegales con escoltas, los legales con miedo.
Pero el problema no se agota en la seguridad. El mayor riesgo para Antioquia hoy es la recentralización disfrazada de política verde. Las llamadas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) son el nuevo instrumento del centralismo: se presentan como un plan de soberanía alimentaria, pero terminan imponiendo restricciones sin concertación con las autoridades locales y regionales. Según el informe técnico de ECSIM (2025), solo en el Suroeste antioqueño podrían limitar el uso del 65,5% del suelo rural —más de 420 mil hectáreas—, afectando directamente la agricultura, la minería formal, el turismo y la vivienda.
El discurso suena bien en Bogotá, pero se estrella con la realidad del campo. Pretender dictar desde un escritorio qué debe sembrarse o extraerse en Jericó o Támesis es desconocer el principio básico de la autonomía territorial consagrado en el artículo 287 de la Constitución. No hay descentralización si las decisiones locales se subordinan a decretos nacionales.
Y lo más grave: cuando se asfixia a la minería formal, lo que crece no es la sostenibilidad, sino la ilegalidad. Los títulos productivos que no se renuevan terminan en manos de quienes operan sin control ni responsabilidad ambiental. El resultado ya lo conocemos: ríos contaminados, territorios capturados por grupos criminales y comunidades atrapadas entre la pobreza y la violencia.
Antioquia ha sido, históricamente, motor de desarrollo, innovación y trabajo. Lo seguirá siendo si conserva su autonomía, su libertad productiva y su derecho a decidir.
