El sistema de salud en Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos, y Antioquia no es la excepción. Así lo advirtió el diputado Jorge Correa, quien lanzó una alerta contundente sobre la grave situación financiera y operativa que hoy enfrentan hospitales, EPS y usuarios en todo el territorio. El temor más reciente surge por el borrador de reforma a la Ley 715 que estudia el Gobierno Nacional, una propuesta que podría desmantelar el régimen subsidiado al redirigir sus recursos hacia los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), dejando a millones sin atención integral ni continuidad en tratamientos.
La propuesta plantea un cambio radical e inmediato en el modelo de aseguramiento en salud. Según explicó Correa, el traslado de recursos pone en jaque la estabilidad de las EPS, que ya operan en déficit. Solo en 2024, el gasto en salud superó en un 9,5 % los recursos asignados por la UPC, generando un hueco financiero de casi $6 billones en un año, y un acumulado que ya supera los $16 billones desde 2020. En este escenario, apenas 6 de las 29 EPS existentes cumplen con los requisitos financieros, mientras más de 46 millones de colombianos están afiliados a entidades en riesgo de colapso.
Para Antioquia, las cifras son igual de alarmantes. De sus 6,9 millones de afiliados, cerca de 2,7 millones pertenecen al régimen subsidiado, muchos de ellos en EPS intervenidas o en crisis como Savia Salud, Sanitas y Nueva EPS. La red hospitalaria pública, sin recursos suficientes, ya ha comenzado a rechazar pacientes por falta de pago. La deuda en el sistema departamental alcanza niveles insostenibles: cerca de 4 billones de pesos entre hospitales públicos y privados, según reportes de la Secretaría de Salud de Antioquia.
El diputado Correa fue enfático al advertir que, lejos de ser una solución, la implementación acelerada de los CAPS podría agravar aún más la crisis. Muchos municipios de Antioquia ni siquiera cuentan con la infraestructura mínima para operarlos: no hay dotación, ni personal capacitado, ni tecnología suficiente.
“No podemos permitir que la salud de los más vulnerables quede reducida a un esquema asistencial sin garantías. La salud es un derecho fundamental, no un acto de caridad”, aseguró
Haciendo un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Congreso para repensar esta reforma y proteger la vida y la dignidad de millones de colombianos.
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