Juez, funcionario y abogada habrían cobrado $1.200 millones para soltar a narco pedido en extradición por Países Bajos

La Fiscalía inició una investigación a la juez de control de garantías de Bogotá Miryan Alcira Martínez López, al funcionario del Centro de Servicios Judiciales Waldo Garavito Mejía y a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca, por presuntamente articular sus actuaciones para dejar en libertad a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido con fines de extradición por narcotráfico.

Los tres fueron capturados por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá y Cota, Cundinamarca.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los presentó ante juez y les imputará cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. A la juez Martínez López también le imputarán prevaricato por acción.

¿Cómo fue, según la Fiscalía?

4 de junio de 2026: la abogada Herrera Cuenca llega al despacho de la juez Martínez López para presuntamente concertar el habeas corpus a favor del neerlandés a cambio de $600 millones como primer pago.

5 de junio: la juez le envía a la abogada una fotografía de un formato de libertad con los datos de Van der Voort. Para la Fiscalía, esa foto es evidencia del acuerdo.

Fin de semana: el funcionario Garavito Mejía habría coordinado con la abogada radicar la solicitud justo el fin de semana en que él y la juez estaban de turno, para asegurarse de que el caso llegara a ese despacho.

13 de junio: la juez concede el habeas corpus y ordena libertad inmediata. Argumenta que pasaron 109 días desde la captura sin resolver la extradición, cuyo plazo estima en 60 días, y cuestiona el expediente remitido a la Corte Suprema.

Para la Fiscalía, la juez no tenía competencia para resolverlo y no podía asumir ese habeas corpus.

18 de junio: otro funcionario judicial revoca la decisión. Van der Voort sigue privado de la libertad mientras avanza la extradición. La libertad irregular duró tres días.

La investigación nació de informes de fiscales de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y hace parte de la priorización de casos de posible corrupción judicial que adelanta la Fiscalía para garantizar transparencia en la justicia.

Ahora, los tres que habrían montado la salida tendrán que responder por cómo intentaron dejar libre a un pedido en extradición por $1.200 millones.

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