AntioquiaOrden público y judiciales

Defensoría alerta por disputa entre grupos armados en el Oriente antioqueño que amenaza a comunidades de seis municipios

La confrontación entre el Frente Gener Morales, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el grupo criminal El Mesa genera riesgos para la población rural. La Defensoría del Pueblo advierte sobre extorsiones, restricciones a la movilidad, intimidaciones y peligro de reclutamiento de menores

La disputa por el control territorial entre dos estructuras armadas ilegales tiene en alerta a seis municipios del Oriente antioqueño. La Defensoría del Pueblo advirtió que la confrontación entre el Frente Gener Morales, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el grupo de crimen organizado El Mesa está afectando las condiciones de seguridad y la vida cotidiana de las comunidades.

La advertencia quedó consignada en la Alerta Temprana 028 de 2026, mediante la cual el organismo identificó riesgos para los habitantes de La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño. Además, formuló 31 recomendaciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para proteger a la población.

Según la Defensoría, la confrontación responde a la disputa por el control de corredores de movilidad y fuentes de financiación ilegal. El Mesa, estructura que proviene del municipio de Bello y que se articula con el Cuerpo Colegiado de la Oficina, ha expandido su presencia hacia las zonas rurales del Oriente antioqueño.

La ubicación de esta subregión aumenta su importancia estratégica para las estructuras ilegales, pues conecta el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio y el centro del país. Estos corredores facilitan la movilización de integrantes de los grupos armados y el control de actividades económicas legales e ilegales.

La alerta de la Defensoría describe una situación que va más allá de los enfrentamientos por el territorio. Las comunidades también enfrentan diferentes formas de presión y control por parte de estas estructuras.

De acuerdo con el organismo, los grupos armados cobran extorsiones a través de supuestos impuestos sobre la producción agropecuaria y agroindustrial. También ejercen control sobre la explotación ilegal de oro en las cuencas de los ríos Samaná Sur, Melcocho, Santo Domingo, Buey y Arma, además de las redes de microtráfico.

A estas prácticas se suman las restricciones a la movilidad, la instalación de puestos de control, los registros a los habitantes y la imposición de normas de comportamiento. La Defensoría también advierte sobre la vigilancia permanente en las vías veredales mediante redes de informantes conocidas como «puntos».

Uno de los aspectos que más preocupa es la presión sobre las juntas de acción comunal. Según la alerta, las estructuras armadas intimidan directamente a sus representantes e intentan influir en la elección de sus directivas y en las decisiones que toman las comunidades.

Esta situación afecta la autonomía de las organizaciones comunitarias y debilita los espacios de participación de los habitantes, especialmente en las zonas rurales.

El panorama también plantea riesgos para los menores. La Defensoría advierte sobre el peligro de reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como sobre el uso de ofertas laborales engañosas para vincularlos a las estructuras ilegales.

El organismo también identifica riesgos de utilización de menores en actividades de microtráfico y labores logísticas, además de violencias basadas en género y desescolarización.

Las comunidades campesinas, las mujeres rurales, los jóvenes, los mineros tradicionales, los comerciantes y los transportadores también figuran entre los grupos más afectados por estas dinámicas.

La situación alcanza incluso a docentes y servidores públicos locales, quienes, según la Defensoría, han recibido intimidaciones que limitan la prestación de servicios institucionales en las zonas rurales más apartadas.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo planteó 31 recomendaciones que comprometen a entidades como los ministerios del Interior y de Defensa, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Fiscalía, la Unidad para las Víctimas, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de los seis municipios.

Entre las medidas solicitadas están la prevención urgente del reclutamiento de menores de edad, la protección de líderes y lideresas sociales, la investigación de las finanzas de las estructuras criminales y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.

También pidió coordinar la respuesta institucional, garantizar la asistencia humanitaria y atender las condiciones sociales que aumentan la vulnerabilidad de las comunidades.

La advertencia pone sobre la mesa un desafío para las autoridades: garantizar que los habitantes del Oriente antioqueño puedan movilizarse, trabajar, estudiar y participar en sus organizaciones comunitarias sin presiones ni amenazas de los grupos armados.

La Defensoría recordó que las alertas tempranas tienen un carácter preventivo y buscan salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de la población. Su emisión no significa que los hechos advertidos necesariamente vayan a ocurrir, sino que las autoridades deben actuar oportunamente para evitar nuevas vulneraciones de derechos.

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