Resulta indignante, por no decir humillante para el ciudadano de a pie, aceptar la realidad de que en Colombia el delincuente ejerce su oficio las 24 horas del día, mientras que quienes deben controlarlo solo cumplen un horario de oficina. Mientras el país descansa, tras las rejas de centros como la cárcel Pedregal en Medellín, la maquinaria del mal no duerme. El reciente operativo, que dejó al descubierto un arsenal de armas blancas, drogas y más de 150 celulares, no es una victoria que celebrar; es la prueba irrefutable de que nuestras cárceles no son centros de reclusión, sino centros de operaciones logísticas financiadas por el Estado.
Es inaceptable que en 2025 se hayan realizado más de 17,000 operativos y, aun así, la basura delictiva regrese a las celdas antes de que las autoridades terminen de redactar sus informes. Estamos ante un círculo vicioso de desidia: se limpia una esquina y, a los cinco minutos, ya hay un nuevo costal de escombros. La incautación de 1.300 celulares a nivel nacional revela una porosidad institucional que raya en la complicidad. No se trata solo de delincuentes hábiles, sino de un sistema que permite que un solo dispositivo móvil genere hasta 250 llamadas extorsivas diarias, desangrando a familias y comerciantes que ven cómo su tranquilidad se esfuma por un teléfono que nunca debió entrar a una celda.
El argumento de que los elementos prohibidos ingresan exclusivamente en las cavidades íntimas de los visitantes es una bofetada a la inteligencia colectiva. Si bien ocurre, esta excusa se utiliza para encubrir la corrupción estructural que carcome al Inpec. ¿Cómo entran parlantes amplificadores de sonido, botellas de licor y machetes por una vagina? Es imposible. Aquí hay guardias que han decidido que su lealtad tiene un precio, permitiendo que las redes de extorsión se muevan hasta 2,000 millones de pesos al año. La “desidia desmedida” de la que hablamos no es más que la renuncia voluntaria de la autoridad a ejercer su rol, dejando al ciudadano a merced de delincuentes que dirigen el caos desde la comodidad de sus literarias.
Rechazamos de manera tajante la narrativa de la impotencia tecnológica. No es posible que los aeropuertos del mundo detecten un gramo de metal o sustancia orgánica y nuestras cárceles sigan operando con la precariedad de hace un siglo. La falta de escáneres corporales de alta resolución, inhibidores de señal de última generación que no dejen “huecos” de comunicación y sistemas de monitoreo biométrico para el personal es una decisión política, no una limitación técnica. Se prefiere mantener el desorden porque el desorden es rentable para unos pocos, mientras el resto del país paga la cuenta con miedo y dinero.
La solución no puede seguir siendo el operativo reactivo que solo “poda” la maleza para que crezca con más fuerza. Necesitamos una purga radical y una reestructuración total del sistema penitenciario. Se requiere la implementación inmediata de una que vigile a los servidores que prestan este servicio con polígrafos constantes y auditorías de bienes. Si un funcionario no puede justificar su patrimonio, debe ser apartado y judicializado de inmediato. La corrupción no se negocia, se extirpa.
Además, es imperativo que las cárceles de máxima seguridad pasen a un modelo de “aislamiento digital absoluto”. No basta con quitar celulares; hay que instalar tecnología de bloqueo de señales que convertirá los penales en zonas muertas de comunicación, ciegas magnéticamente para que ningún dispositivo comercial pueda emitir una sola onda. Asimismo, la entrada de visitantes debe estar mediada por tecnología de escaneo no invasivo de grado militar, eliminando el factor humano y el “tanteo” visual que facilita el soborno. Si no se puede garantizar el control manual, que lo haga la máquina.
Hacemos un llamado a la acción al Ministerio de Justicia ya la dirección nacional del Inpec: la ciudadanía está cansada de ver cómo sus verdugos viven como reyes. Exigimos una inversión real en infraestructura que automatice los controles y reduzca al mínimo el contacto discrecional entre guardia y recluso. La firmeza no es una opción, es una obligación. O recuperamos el control de las cárceles hoy, o aceptamos definitivamente que el Estado ha capitulado ante el crimen organizado, permitiendo que el mal siga operando, sin descanso, las 24 horas del día.
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