SIC confirma esquema de corrupción contractual en contratación del Parque de las Aguas
Según el informe Metroparques no contaba con la experiencia ni con la capacidad técnica necesaria para ejecutar las actividades que le fueron asignadas
En las últimas horas la Superintendencia Delegada de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acreditó la existencia de un esquema de corrupción contractual que, según la decisión, habría sido utilizado para cerrar la competencia y favorecer previamente a determinados proveedores.
El caso involucra recursos por más de $15.748 millones, que fueron canalizados mediante los contratos interadministrativos 288 y 961 de 2021 hacia Metroparques.
De acuerdo con lo establecido por la SIC, Metroparques no contaba con la experiencia ni con la capacidad técnica necesaria para ejecutar las actividades que le fueron asignadas. La entidad habría sido utilizada como un puente para adelantar posteriormente procesos de contratación que, en lugar de garantizar una competencia efectiva, terminaron direccionados hacia empresas determinadas.
La investigación también acreditó el direccionamiento de ocho invitaciones privadas en favor de Comercializadora JPINO S.A.S., 1Soluciones S.A.S. y Constru Americana S.A.S.
Según la decisión, para construir una apariencia de competencia se convocaron proveedores que no tenían capacidad real para ejecutar los contratos y que funcionaban como una especie de “pantalla”. A esto se sumaron criterios considerados insuficientes para contratos de alta cuantía, modificaciones en las reglas de evaluación, exclusión de propuestas más favorables y aceptación de certificados que no correspondían con los objetos contratados.
El resultado, según la SIC, fue la adjudicación de contratos a empresas que no acreditaban la experiencia o la solidez financiera requerida.
Para la Superintendencia, lo ocurrido no corresponde a una falla administrativa aislada o a un simple error de procedimiento. La decisión sostiene que existió un mecanismo deliberado para eliminar la competencia, simular pluralidad de oferentes y entregar contratos a proveedores previamente favorecidos.
La entidad también cuestionó el uso de contratos interadministrativos como mecanismo para evitar procesos competitivos. En ese sentido, señaló que utilizar entidades públicas como intermediarias para eludir la selección competitiva y crear una apariencia de pluralidad constituye corrupción contractual.
La actuación será puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que esas autoridades adelanten las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.
La decisión fue notificada a las entidades, empresas y personas involucradas, entre ellas el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metroparques, Constru Americana, JPINO y 1Soluciones, así como a Álvaro Alonso Villada García, María Eugenia Domínguez Castañeda, Viviana del Valle Velásquez, Carlos Augusto Jaramillo Villarreal, Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, Juan Alexander Pino Jaramillo y Yamileth Galindez Chilito.
Es importante precisar que frente a la decisión proceden los recursos de ley, por lo que el caso aún puede tener nuevas etapas dentro de los procedimientos correspondientes.
El expediente pone nuevamente la lupa sobre la manera en que se utilizan los contratos interadministrativos y los procesos de selección en el manejo de recursos públicos. En este caso, la SIC concluyó que la figura contractual habría sido utilizada no para garantizar una gestión eficiente de los recursos, sino para restringir la competencia y favorecer a determinados contratistas.
conozca aquí el informe completo:
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