Fiscalía acusó a tres exfuncionarios de la alcaldía de Medellín por presuntas irregularidades en contratos
El detrimento superaría los $3.700 millones
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a tres exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y a un contratista por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un contrato para actividades recreativas, deportivas y físicas ejecutado entre 2020 y 2022.
Los señalados son Diana Paola Toro Zuleta, exgerente del Instituto de Deportes y Recreación (INDER); Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques; María Eugenia Domínguez Castañeda, exjefe de Compras y exgerente general de Metroparques, y el contratista Mauricio Jaramillo Botero.
Según la investigación, el proceso contractual habría presentado fallas en la planeación, transparencia y selección objetiva, que presuntamente terminaron favoreciendo a una empresa particular.
A la fecha la Fiscalía calcula un presunto detrimento al patrimonio público de $3.705 millones, principalmente por la compra de uniformes, balones, medallas y otros implementos deportivos a precios que, según el ente investigador, estaban artificialmente elevados.
Esta entidad señala además que el contrato se habría adelantado sin estudios suficientes del sector, análisis de mercado, justificación del valor estimado ni soporte técnico de los precios unitarios.
También sostiene que Liévano Ospina y Domínguez Castañeda habrían establecido condiciones que limitaron la participación de otros oferentes, entre ellas requisitos de experiencia restrictivos y un plazo reducido para presentar las propuestas.
De acuerdo con la acusación, estas actuaciones habrían permitido direccionar el proceso hacia la empresa representada por Jaramillo Botero, que posteriormente ejecutó el contrato mediante subcontrataciones e intermediarios. Para la Fiscalía, esta cadena habría incrementado los costos del proyecto.
Por estos hechos, Diana Paola Toro Zuleta y Jorge Enrique Liévano Ospina deberán responder en juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda también fueron acusados de interés indebido en la celebración de contratos, mientras que los tres exfuncionarios enfrentan además una acusación por peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
En el caso del contratista Mauricio Jaramillo Botero, la Fiscalía lo acusó como coautor interviniente del delito de peculado por apropiación agravado, al señalarlo de presuntamente beneficiarse de los recursos mediante facturación y cobros con precios inflados.
Ahora será la justicia la encargada de establecer la responsabilidad de los cuatro acusados frente a estos hechos.
Importante: al tratarse de una acusación, las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia mientras la justicia determina si son responsables o no de los delitos señalados.
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