¿Se acabó la libertad para publicar en redes? Esto propone un nuevo proyecto de ley para creadores de contenido
La propuesta no busca establecer un permiso para publicar ni determinar de qué pueden hablar los creadores
Fue radicado un royecto de ley para creadores de contenido. El senador Ferney Silva Idrobo promotor de la inciativa, radicó el proyecto de ley de 26 artículos que busca reconocer y organizar esta actividad y promover un ecosistema digital responsable.
El proyecto señala expresamente que ninguna de sus disposiciones puede aplicarse en contra de la libertad de expresión.
Es decir, de acuerdo con el texto presentado, la propuesta no busca establecer un permiso para publicar ni determinar de qué pueden hablar los creadores. La apuesta según el congresista, está enfocada, entre otros aspectos, en generar mayor transparencia cuando existe dinero de por medio y establecer reglas para proteger la imagen, la intimidad y los derechos de terceros.
Uno de los cambios planteados tiene que ver con la publicidad en redes sociales. Cuando un creador tenga un contrato para promocionar una marca, un candidato o una idea política, deberá identificarlo de manera clara con expresiones como “Publicidad”, “Publicidad política”, “Contenido patrocinado” o “Colaboración pagada”, además de señalar al anunciante.
La propuesta también plantea que utilizar la imagen, voz, historia o datos íntimos de otra persona requeriría un consentimiento previo, libre e informado. Ese permiso tendría que establecer dónde se publicará el contenido, si será monetizado y cómo podría solicitarse su retiro. Además, el proyecto contempla la posibilidad de revocar ese consentimiento.
Otro de los puntos está relacionado con los productos de salud y cosméticos. Los creadores tendrían que cumplir las normas sanitarias, mostrar el registro correspondiente cuando aplique y evitar atribuir propiedades curativas que no estén respaldadas por la autoridad competente.
La protección de niños, niñas y adolescentes también ocupa un lugar dentro de la iniciativa, que remite a normas como la Ley 1480 de 2011 y la Ley 2489 de 2025 sobre entornos digitales seguros.
El proyecto diferencia entre influencer y creador de contenido. El primero se define como quien produce o difunde contenido, cuenta con una comunidad que le reconoce credibilidad, monetiza y tiene capacidad habitual de influir en decisiones de consumo u opinión.
El concepto de creador de contenido es más amplio e incluye a personas naturales o jurídicas que publican textos, fotografías, videos o audios en plataformas, blogs o portales, independientemente del número de seguidores.
La iniciativa también plantea una cuota de fomento del 1 % sobre los contratos. Según el documento, esta obligación recaería una sola vez sobre quien contrata al creador —marca, agencia o empresa— y no sobre el creador de contenido.
Además, propone crear el Fondo Nacional de Protección Solidaria, una cuenta especial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como un Registro Nacional de Creadores que desarrollarían MinTIC y el DANE.
Los recursos del fondo estarían destinados, entre otros objetivos, a la formación del sector y a la prevención de problemáticas relacionadas con el entorno digital, como el ciberacoso, el discurso de odio y otros riesgos que afectan a las audiencias..
De acuerdo con los datos incluidos en el proyecto, más de 465.000 personas crean contenido en el país. Además, señala que la pauta de empresas colombianas en influenciadores pasó de $8.757 millones en 2019 a $117.563 millones en 2023.
El documento también cita cifras de IAB Colombia sobre inversión en publicidad digital y datos de DataReportal y We Are Social sobre el número de usuarios de internet y cuentas en redes sociales en el país.
Sin embargo, el proyecto todavía debe surtir su trámite en el Congreso. La discusión que apenas comienza plantea una pregunta de fondo: ¿cómo establecer reglas para una industria que mueve audiencias y dinero sin afectar la libertad de expresión?
Ese será uno de los debates que tendrá que enfrentar el Congreso durante el trámite de la iniciativa.
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