El cierre de cerca de 800 colegios privados en Colombia desde 2020 no es una estadística fría, es el síntoma de una hemorragia estructural. Ver cómo solo en Bogotá han desaparecido 35 instituciones en 2025 y en Medellín se cuentan por más de 15, debería sacudir las bases del Ministerio de Educación. No estamos ante una crisis pasajera derivada de la pandemia, sino frente a un cambio de era demográfico y social que está dejando las aulas vacías y los proyectos pedagógicos en el olvido.
La raíz del problema es matemática y despiadada: la transición demográfica. Hemos pasado de una fecundidad de seis hijos por mujer en los años 60 a un 1,3 actual, una cifra que nos sitúa por debajo de los estándares europeos. Colombia se está quedando sin niños a una velocidad que el sistema no anterior. La “alarma” no es solo que los colegios privados pequeños quieten, sino que este fenómeno es el espejo de lo que pronto vivirá el sector público. Si no hay alumnos, ¿qué haremos con la infraestructura y el cuerpo docente ya instalado? Aunque lo segundo es más importante.
Esta crisis ha desnudado la fragilidad de las instituciones de menor escala, aquellas construidas con el esfuerzo de familias y docentes durante décadas. Mientras los gigantes como el Gimnasio Campestre y el Marymount en Bogotá optan por fusiones estratégicas para sobrevivir, los colegios de barrio simplemente bajan la persiana. Cada cierre es una pérdida de diversidad pedagógica y un golpe a la libertad de elección de las familias, dejando el ecosistema educativo más homogéneo y menos resiliente.
Sin embargo, la demografía no es la única culpable. El auge del homeschooling y la educación virtual revelan un divorcio profundo entre los padres y el modelo tradicional. Muchos ciudadanos ya no están de acuerdo con los esquemas rígidos del sistema colombiano; buscan alternativas que se ajusten a la realidad del siglo XXI. El sistema educativo actual parece un software antiguo intentando correr en un hardware moderno; si no se actualiza, el mensaje es claro: la desescolarización no es falta de interés, sino falta de oferta pertinente.
El Estado colombiano no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el sector privado se desploma. Es urgente un llamado a la acción para rediseñar la política educativa nacional. No se trata solo de “llenar cupos”, sino de flexibilizar los modelos de enseñanza, integrar de forma real la virtualidad y permitir que los colegios se transformen en centros de formación integral que vayan más allá de la presencialidad de 7 a 3. La educación debe dejar de ser una fábrica de diplomas para convertirse en un nodo de innovación adaptable.
La advertencia está sobre la mesa: si la dinámica no cambia, el “chu, chu, chu” del cierre será el sonido ambiente de la próxima década. Los colegios que sobreviven serán aquellos que entiendan que ya no compiten solo entre ellos por una población infantil menguante, sino que compiten contra la irrelevancia. Ajustar la formación académica a la realidad del ciudadano contemporáneo no es una opción de mejora, es una cláusula de supervivencia.
Finalmente, este es un momento para la creatividad y no para el pánico burocrático. Debemos repensar el uso de los espacios educativos y la formación docente ante una población que envejece. Si el sistema educativo colombiano no reacciona ante esta transición acelerada, terminaremos con edificios vacíos y una sociedad con títulos obsoletos. Es hora de que el Gobierno, los rectores y la sociedad civil se sientan a diseñar un pacto que salve la educación antes de que el último pupitre quede definitivamente huérfano.
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