Judicializados 23 presuntos integrantes del grupo delincuencial San Pablo por extorsión y desplazamiento forzado
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 23 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘San Pablo’, señalados de sembrar el terror en las comunas 1 y 3 del nororiente de Medellín. Entre los procesados se encuentran siete supuestos cabecillas de la organización, quienes habrían liderado una ola de secuestros, extorsiones, tráfico local de estupefacientes y desplazamientos forzados en la zona.
De acuerdo con la investigación, entre 2016 y 2025 los integrantes de la estructura criminal habrían exigido pagos extorsivos a los habitantes bajo amenazas de expulsarlos de sus viviendas si no accedían a las cuotas impuestas por el grupo, que alegaba ejercer un supuesto “control social”. Las denuncias documentan casos de víctimas golpeadas, amenazadas de muerte y obligadas a abandonar sus hogares, así como hurtos de motocicletas y cobros ilegales para su devolución.
Uno de los casos más graves se registró en febrero de 2021, cuando un hombre que intentó radicarse en el barrio Bello Oriente fue extorsionado en varias ocasiones, agredido físicamente y finalmente obligado a abandonar la ciudad junto a su familia. En otro hecho, un mototaxista fue despojado de su vehículo y extorsionado con 500.000 pesos para recuperarlo.
Durante el proceso judicial, un fiscal especializado Gaula imputó a los capturados delitos de concierto para delinquir agravado, tortura, desplazamiento forzado, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo agravado y extorsión agravada. A 22 de los procesados, entre ellos los presuntos cabecillas alias ‘Don Alex’, ‘Rigo’, ‘Manigueto’, ‘Colacho’, ‘Copas’ o ‘El Viejo’, ‘Chamaco’ y ‘El Burro’, les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, Andrés Adolfo Seguro Betancur, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Carambolas, recibió medida no privativa de la libertad, al ser señalado de apoyarse en la estructura criminal para cobrar cuotas ilegales a la comunidad por el acceso al agua potable.
