Gremios, sindicatos y sectores sociales advierten las graves consecuencias que tendrá el decreto del Salario Mínimo para 2026

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro, por decreto, estableció un aumento del Salario Mínimo para 2026 del 23,6 %, lo que equivale, con auxilio de transporte, a 2 millones de pesos mensuales para los trabajadores colombianos.

Si bien debería tratarse de la mejor noticia para el país, puesto que se convierte en el aumento más alto en la historia de Colombia y muy por encima del 16 % que pedían los sindicatos en las mesas de concertación, no todo es color de rosa.

Tras conocer el decreto, tanto sindicatos como el sector empresarial y los gremios alertaron sobre las consecuencias que este incremento generará para el empresariado colombiano, las pequeñas y medianas empresas, los pensionados y, además, advierten que terminará por aumentar y fomentar la informalidad. Actualmente, más de 13 millones de colombianos hacen parte de la economía informal.

Para Jorge Iván Díez Vélez, presidente de la CGT Democrática e Independiente de Colombia, son varios los aspectos que deben preocupar, entre ellos que la inflación se basará en dicho salario, lo que llevará a incrementar los costos de los alimentos, el transporte, el arriendo, los servicios públicos, la educación, las tasas de interés de los créditos y la mano de obra.

Los pensionados también sentiran los impactos negativos, la brecha actual será aún más grande, ya que el incremento de su ingreso no será basado en este decreto, sino en la inflación, lo que —asegura Jorge Iván Díez— llevará a esta población a ser cada vez más pobre.

Nicolás Posada, presidente de Intergremial Antioquia, aseguró que los 35 gremios que conforman la entidad prendieron las alarmas por lo que calificaron como un “atentado a la economía colombiana”. Asegura que, con dicho decreto, es evidente que en Colombia las empresas tendrán que reducir su personal, lo que generará un impacto bastante negativo para los ciudadanos.

Para Lina Vélez de Nicholls, directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio, este decreto evidencia la incapacidad de concertación que hubo en las mesas de trabajo. Además, asegura que nunca se tuvo en cuenta al empresariado, que termina siendo el sector más impactado con esta decisión. Coincide en que dicho aumento afectará a las pymes e incrementará el empleo informal.

María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, rechazó no solo el decreto, sino también la falta de concertación, de análisis técnico y lo que calificó como una imposición de última hora que afectará a la población colombiana.

Aseguró que el resultado será una evidente masacre laboral en todo el territorio colombiano y que, para 2026, el país deberá afrontar hambre, condenando a miles de colombianos. Las empresas, afirmó, tendrán que cerrar porque no podrán soportar estos rubros.

En su mayoría, coinciden en que esta decisión tiene fines populistas de cara a las elecciones de 2026.

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