Fiscalía interceptó el celular del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue interceptado durante al menos 71 días por orden de la Fiscalía General de la Nación. Desde el 14 de mayo, el ente acusador accedió a sus conversaciones privadas y a las de otras nueve personas, entre ellas la secretaria General de la Gobernación, Martha Patricia Correa, exfuncionarios de la Alcaldía de Rionegro y excontratistas.

El caso está relacionado con la construcción de dos CAI en Rionegro, obra ejecutada durante la administración de Rendón (2016-2019). Aunque la investigación se encuentra en etapa de indagación, la fiscal general Luz Adriana Camargo lo ha señalado públicamente como “imputado” y en documentos judiciales incluso aparece calificado como “condenado”.

Audiencias y controversias

Las interceptaciones salieron a la luz el 23 de julio, cuando la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Diana Yolima Niño Avendaño, pidió su legalización. La defensa del mandatario alegó desproporción y falta de sustento, señalando que se trataba de hechos ocurridos hace seis años y de un contrato ya ejecutado.

El 24 de julio, la magistrada Marcela Márquez Rodríguez, del Tribunal Superior de Bogotá, dio la razón a la defensa y cuestionó la validez de las escuchas. Sin embargo, la decisión fue revocada por las magistradas Yaneth Liliana Martínez y Alexandra Ossa, quienes las consideraron necesarias.

La controversia se agudizó porque en el auto judicial Rendón aparece erróneamente rotulado como “condenado”. A ello se suma que, en plena campaña de 2023, fue citado a una imputación por delitos que no estaban incluidos en la investigación.

La defensa habla de persecución

Luis Gabriel Chaves, abogado del gobernador, advirtió que el proceso ha estado plagado de irregularidades:

“En un mes se dirigieron más de 27 actividades investigativas, cuando en un proceso común hay una actividad por año. Aquí hay persecución”.

El propio Rendón acusó a la fiscal Camargo de actuar con un “libreto ideologizado” y de adelantar una persecución política.

Reacciones políticas

El Centro Democrático emitió un comunicado en el que calificó las interceptaciones como un “nuevo intento por amordazar a la oposición”.

“Resulta arbitrario que se ordenara interceptarlo durante 71 días, desde el 14 de mayo, y que incluso en documentos judiciales se le señale como ‘imputado’ y hasta ‘condenado’, sin serlo”, manifestó la colectividad.

La colectividad agregó que las instituciones “están siendo utilizadas como herramientas de intimidación contra la oposición” y expresó su respaldo absoluto al mandatario antioqueño.

El trasfondo

El caso de los CAI de Rionegro se originó en 2022 con una denuncia de una veeduría ciudadana, que cuestionó la contratación directa a través de la Empresa de Desarrollo Sostenible de Rionegro (Edeso). Sin embargo, la Policía recibió las obras a satisfacción y los contratos no fueron firmados por Rendón.

Para la defensa, las interceptaciones carecen de fundamento y son una muestra de persecución judicial. Para la Fiscalía, en cambio, se trata de una investigación ordinaria.