Tras audiencia defensa de implicados en caso LILI PINK asegura que no existe prueba de contrabando

En el marco de las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento dentro del denominado caso LILI PINK, la defensa de las personas involucradas entregó un pronunciamiento en el que cuestiona varios elementos de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

Los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña aseguraron que, luego de analizar más de 1.500 archivos, equivalentes a cerca de 4 GB de información trasladada por la Fiscalía, no encontraron pruebas que acrediten la existencia de contrabando.

Según la defensa, las respuestas entregadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a la Fiscalía demostrarían que la mercancía ingresó al país a través de puertos autorizados, mediante intermediarios vigilados y bajo la normativa aduanera vigente.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento está relacionado con un procedimiento realizado por la DIAN entre mayo y septiembre de 2023. De acuerdo con los abogados, durante esas visitas se revisó, según los abogaos, menos del 1 % de la mercancía objeto de fiscalización y posteriormente se decomisaron más de tres millones de prendas, avaluadas en aproximadamente $54.000 millones.

La compañía sostiene que dicha mercancía contaba con la documentación exigida por la regulación vigente y que, por lo que considera actuaciones irregulares de las autoridades, presentó en 2023 una denuncia penal ante la Fiscalía y demandó ante el Consejo de Estado los actos administrativos relacionados con el decomiso.

La defensa también afirmó que, en enero de 2026, la compañía detectó que parte de la mercancía decomisada en 2023 estaría siendo comercializada en establecimientos no autorizados y sin vínculo con la marca LILI PINK. Por estos hechos, según el comunicado, fueron presentadas dos nuevas denuncias penales.

Los abogados señalaron además que, a la fecha, la Fiscalía no habría avanzado en las denuncias presentadas por la compañía en 2023 y 2026.

Otro de los cuestionamientos planteados por la defensa está relacionado con la legalidad de algunas actuaciones dentro de la investigación. Según los abogados, tres jueces de control de garantías diferentes han declarado ilegales varios actos de investigación durante las últimas semanas.

La defensa sostiene que, al no existir —según su interpretación— evidencia de contrabando, tampoco se configurarían los delitos de lavado de activos ni enriquecimiento ilícito que son materia de discusión en el proceso.

Finalmente, los abogados anunciaron que continuarán ejerciendo la defensa en todas las instancias judiciales y reiteraron que las personas involucradas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una decisión judicial en firme que determine lo contrario.

El caso continúa en etapa judicial y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar la responsabilidad de las personas investigadas y esclarecer los hechos materia del proceso.

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