Resulta fascinante, desde una óptica puramente sociológica, observar cómo la sociedad colombiana ha desarrollado una piel de elefante ante la vergüenza. Ya no nos sorprende el titular de prensa que vincula a un congresista con el saqueo de recursos públicos; al contrario, parece que hemos integrado la corrupción en nuestra dieta informativa diaria. Lo que antes era un fin de carrera fulminante, hoy es apenas un bache publicitario que se supera con una buena estrategia de redes sociales y una base de seguidores que, más que electores, actúan como una guardia pretoriana de la impunidad.
Esta anestesia colectiva permite que personajes con procesos judiciales abiertos no solo caminen libres, sino que desfilen por la alfombra roja del poder legislativo. Es el caso de David Racero, quien, tras el escándalo de presunta sobreexplotación laboral en su UTL y manejos irregulares en negocios familiares, sigue fungiendo como referente ético de un sector político. O el de Didier Lobo, cuyo incremento patrimonial injustificado bajo la lupa de la Corte Suprema parece ser un detalle menor para quienes le permiten repetir escaño. La política se ha convertido en un lavadero de reputaciones donde el voto funciona como un decreto de amnistía popular.
El cinismo alcanza su punto máximo cuando miramos hacia el Congreso 2026-2030. A pesar de los reflectores sobre el escabroso caso de la UNGRD, nombres como Wadith Manzur y Martha Peralta logran mantenerse a flote. Es incomprensible que, mientras se investigan presuntas coimas y el uso de recursos de emergencias para fines personales, estos actores sigan sentados en las curules que deben proteger el bien común. Aquí la maquinaria no solo mueve votos, mueve conciencias hacia un abismo donde la decencia es un estorbo para el ejercicio del poder.
No podemos olvidar a figuras como Álex Flórez, cuya presencia en el Capitolio es un recordatorio constante de que ni las denuncias por violencia intrafamiliar ni las sospechas de lavado de activos son impedimento para legislar. El caso de Daniel Quintero, quien, con una maleta cargada de procesos en la Fiscalía, tiene la osadía de vestirse con el traje de candidato presidencial. Esta vigencia política de los cuestionados no es un accidente; es el resultado de una ciudadanía alcahueta que, por fanatismo o clientelismo, prefiere premiar al “pillo conocido” que castigar la irregularidad.
Sin embargo, este festín de descaro tiene un cómplice silencioso y fundamental: una Justicia que parece diseñada para la contemplación y no para la acción. Es la lentitud de los procesos y la inoperancia de los entes de control lo que permite que estos sujetos transiten como reyes por los pasillos del Estado. Cuando la sanción penal no llega, el político entiende que el delito es rentable y que el sistema está hecho a su medida. La justicia no es ciega, parece estar simplemente esperando a que el escándalo pase de moda para archivar en el olvido.
Es doloroso aceptar que la culpa no es exclusivamente de quienes roban o abusan del poder, sino de quienes les sostienen la escalera. Los miles de seguidores que depositan su voto por estos personajes son los verdaderos responsables de que la corrupción se recicle. Al entregarles el poder, les están diciendo que sus conductas irregulares son aceptables, siempre y cuando sigan repartiendo las migajas del banquete estatal. Estamos ante una democracia que no elige representantes, sino que ratifica capacidades de la irregularidad.
Finalmente, ver a estos cuestionados atornillados a sus puestos mientras que algunos colombianos claman por transparencia es la prueba reina de nuestra decadencia institucional. Si para el periodo 2026-2030 seguimos viendo las mismas caras salpicadas por el escándalo de la UNGRD o por enriquecimientos inexplicables, seguiremos fracasando como sociedad. La política no debería ser un refugio para criminales de cuello blanco, pero mientras la justicia siga en silencio y el votante siga aplaudiendo, la alfombra roja seguirá extendida para los que menos la merecen.
También puede leer:
