(OPINIÓN) Las mujeres ya no temen a su acosador
Por: César Augusto Bedoya Muñoz / Columnista
El reciente escándalo que sacudió al Canal Caracol no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg que evidencia patrones de abuso y hostigamiento enraizados en los medios de comunicación. Las denuncias públicas de varios periodistas contra figuras de alto perfil, como Ricardo Orrego y José Alfredo Vargas, revelan un panorama desolador donde el poder y la fama se utilizaron, presuntamente, para intimidar. No estamos ante simples “malentendidos”; Estamos ante acusación de un abuso sistemático de poder que ha operado bajo la sombra de los micrófonos durante más de dos décadas, amparado por una estructura que priorizó la imagen corporativa sobre la integridad humana.
La indignación debe ser universal y carente de sesgos ideológicos. Es imperativo que, al reprochar los actos atribuidos a las figuras de Caracol, se incluya con la misma firmeza el presunto patrón sistemático de silenciamiento contra las mujeres que han acusado a Hollman Morris, actual director de RTVC. El acoso no tiene color político ni se adscribe a la izquierda o a la derecha; los abusadores provienen de todas las orillas. Pretender suavizar un caso para atacar a otro es una forma de complicidad. La coherencia ética exige que la denuncia sea contundente, venga de donde venga el agresor, pues el prestigio no puede seguir siendo un escudo protector para nadie.
El silencio impuesto durante años ha sido posible gracias a una complicidad pasiva que ha permitido que el abuso sea permanente en el tiempo. Muchas veces, las empresas prefieren “cuidar la marca” antes de proceder legalmente, una práctica que se replica incluso en el núcleo familiar para proteger la reputación del apellido. Esta cultura de la omisión es lo que permite que el acoso se convierta en un “estilo de vida” para ciertos victimarios. ¿Tanto poder tenían que nadie vio nada, o es que todos sabían y nadie se atrevió a hablar? Es momento de señalar que quien calla y permite, también es parte del engranaje que sostiene al abusador.
A las víctimas hay que creerles. Sabemos que el acoso sexual suele ocurrir en la sombra y que las pruebas directas no siempre son fáciles de recaudar, pero la acumulación de testimonios es una señal inequívoca de una realidad podrida. Son demasiadas mujeres hablando y demasiados años de opresión como para seguir mirando hacia otro lado. Esta nueva generación ha decidido no normalizar estas conductas, entendiendo que el derecho a desvelar al agresor es una herramienta fundamental para evitar que estos ciclos de violencia se repitan. El miedo está cambiando de bando porque las mujeres han decidido que su dignidad vale más que cualquier contrato o jerarquía.
En Colombia, la normativa es clara pero su aplicación ha sido laxa. Según la Ley 1010 de 2006, las empresas tienen la obligación legal de instalar Comités de Convivencia Laboral para analizar, evaluar y tomar cartas en el asunto ante posibles casos de acoso. Sin embargo, en muchas empresas, estos comités parecen ser figuras decorativas que no logran romper el muro de protección que rodea a las “estrellas” o directivos. Es urgente que estas instituciones dejen de ser un trámite burocrático y se conviertan en espacios de justicia real, con consecuencias tangibles para los agresores, sin importar su nivel de influencia.
Esta problemática trasciende a la industria de los medios y permea a la sociedad completa. No se puede ser “amigo” del acoso laboral o sexual; la lealtad personal o profesional termina donde comienza la vulneración del otro. Si el agresor tiene la valentía de actuar bajo la impunidad, la sociedad debe tener una valentía mayor para denunciar. El silencio y el miedo no pueden ser más fuertes que la búsqueda de justicia. Es hora de que las instituciones hablen a través de profundas investigaciones y sanciones ejemplares, pues la cultura del “secreto a voces” ya no tiene cabida en un país que exige respeto.
El silencio finalmente se rompió y no hay vuelta atrás. La transformación cultural de los medios de comunicación es una urgencia que no admite más esperas ni matices. La transparencia debe ser el nuevo estándar, y la protección de las víctimas, la prioridad absoluta. Aquellos que creyeron que su posición los hacía intocables deben entender que la impunidad tiene fecha de vencimiento. Hoy, la voz colectiva de las mujeres es más poderosa que cualquier micrófono, y su determinación es la garantía de que el acoso dejará de ser una práctica protegida por las sombras del poder.
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