La Defensoría alerta por posibles efectos del fenómeno de El Niño y exige acciones urgentes para proteger a la población

La Defensoría del Pueblo generó una alerta al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales ante la posible llegada del fenómeno de El Niño y pidió actuar desde ahora para evitar emergencias que puedan poner en riesgo la vida, la salud y el acceso al agua de millones de personas.

En la actualidad Colombia enfrenta una alta vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático y advirtió que el país no puede seguir reaccionando únicamente cuando ya ocurren las tragedias.

Según la Defensoría, cerca del 85 % de los desastres registrados en Colombia tienen relación con factores climáticos, una cifra muy superior al promedio mundial, que ronda el 49 %. Sequías, inundaciones, deslizamientos y crisis por escasez de agua golpean cada vez con más fuerza a diferentes regiones del país.

Muchos de estos escenarios ya son previsibles gracias a herramientas científicas y técnicas que permiten anticipar riesgos. Por eso, aseguró que la falta de acciones oportunas podría convertirse en una vulneración de derechos fundamentales.

Además del impacto ambiental, la Defensoría alertó sobre las consecuencias económicas y sociales que podría traer un fenómeno de El Niño más intenso, especialmente por el riesgo de afectaciones en los embalses, posibles crisis energéticas, dificultades en la agricultura y la ganadería, y problemas de salud pública derivados de las altas temperaturas.

“El riesgo no puede seguir manejándose solo cuando llega la emergencia”, insistió la entidad, que pidió fortalecer la planificación, la coordinación institucional y las medidas preventivas en todo el territorio nacional.

La Defensoría también recordó que fenómenos como las lluvias extremas, las sequías o los incendios forestales no son hechos aislados. Muchas veces, las tragedias aumentan por problemas históricos de vulnerabilidad, falta de infraestructura y ausencia de prevención.

El llamado se dirige especialmente a alcaldías, gobernaciones y entidades nacionales para que refuercen desde ya las estrategias que permitan proteger a las comunidades más expuestas y garantizar servicios esenciales como agua, energía y atención en salud.

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