Más de 350.000 mineros podrían salir de la ilegalidad: proyecto de Ley pasó primer debate en medio de choque con Pacto Histórico

Más de 350.000 familias que viven de la minería en Colombia, hoy están en el limbo, entre la informalidad y la presión de los grupos ilegales. Así lo asegura Ana Ligia Mora ponente del Proyecto de Ley que busca entregar mejores condiciones a esta población.

En primer debate en la Comisión Quinta, fue aprobado el proyecto de ley de la bancada del Centro Democrático, liderado por la representante Ana Ligia Mora, que busca que más de 350.000 mineros puedan avanzar hacia la legalidad.

Lo que plantea es una ruta progresiva y con condiciones: permisos temporales mientras se surten los trámites de formalización, acompañamiento técnico e institucional del Estado y obligaciones ambientales claras.

Entre esas obligaciones están la eliminación del mercurio, la prevención de nuevos daños ambientales y la recuperación progresiva de los pasivos que deja la actividad.

La meta de fondo es clara: quitarle gente y territorio a las economías criminales. Hoy, muchos mineros que quieren formalizarse no pueden por barreras de trámite y terminan expuestos a la extorsión y control de estructuras ilegales. El proyecto busca darles alternativa legal.

“Estamos pensando en soluciones reales, efectivas, pertinentes, pensando en cuidar la naturaleza pero también en propiciar condiciones para un trabajo digno”, afirmó la representante Ana Ligia Mora.

De acuerdo con el balance entregado, la sesión estuvo bastante accidentada debido a los intentos de aplazar el debate y rupturas de quórum por parte del Pacto Histórico. Ante eso, la congresista insistió en no dilatar un proyecto que, dijo, tuvo tiempo suficiente para ser estudiado y para presentar proposiciones, y reiteró su disposición a construir con todos los sectores.

Tras haber recibido esta primera aprobación, ahora le quedan tres debates y el pulso político apenas empieza: de un lado, la apuesta por una minería formal y sin mercurio que genere trabajo digno; del otro, la resistencia de un sector del Congreso que pide más tiempo y más ajustes.

En juego no solo hay un artículo, hay 350.000 mineros que esperan saber si el Estado les abre la puerta o los sigue dejando en manos de lo ilegal.

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